Cuernavaca, 09 de junio de 2026 (Infórmate y +).- La dirigencia nacional de Morena acusó formalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de implementar un sofisticado sistema digital para la compra masiva de sufragios. Según la denuncia pública, este esquema tecnológico explica las derrotas recientes del partido guinda en los estados de Coahuila y Durango.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes 9 de junio de 2026, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, presentó una serie de fotografías y videos como pruebas materiales del presunto fraude electoral. La líder partidista señaló que este mecanismo no es nuevo, sino un “modus operandi” que el partido tricolor ha venido perfeccionando de manera sistemática desde los comicios municipales del año pasado.
De acuerdo con las evidencias exhibidas, el núcleo de la operación consistía en el uso de códigos QR distribuidos por los movilizadores priistas tanto en los días previos a la jornada electoral como el mismo domingo de las votaciones. Estos códigos enlazaban directamente a los ciudadanos con una aplicación o plataforma digital restringida. Para liberar los recursos económicos prometidos, los votantes debían ingresar al sitio web y cargar una fotografía nítida de su boleta electoral cruzada a favor del PRI, junto con el código asignado.

Montiel Reyes detalló que los esquemas de financiamiento y pago eran diversos para garantizar la efectividad de la coacción. Por un lado, las grabaciones muestran a jóvenes realizando depósitos electrónicos masivos a través de tiendas de conveniencia Oxxo una vez que el sistema validaba la imagen del sufragio. Por otro lado, el partido operaba las llamadas “casas de seguridad” o centros operativos donde los ciudadanos acudían de forma presencial a recoger sobres amarillos con dinero en efectivo. En estas sedes, el código QR impreso en papel servía como la garantía física e indispensable para cobrar la compensación.
Finalmente, las autoridades de Morena insistieron en que este tipo de delitos electorales digitalizados atentan de manera directa contra la equidad democrática del país, por lo que las pruebas recolectadas formarán parte de los procedimientos legales correspondientes ante los órganos fiscalizadores y ministeriales.









