Ciudad de México, 31 de diciembre de 2025 (Infórmate y +).- Ante las constantes quejas por cobros elevados y falta de regulación, diputadas federales propusieron establecer un marco legal más estricto para los servicios funerarios en México, con el objetivo de garantizar un acceso digno, equitativo y justo para la población.
La diputada de Morena, Claudia Rivera, planteó modificar la Constitución para reconocer como servicios públicos las actividades relacionadas con la disposición final de restos humanos, entre ellas el acceso a panteones, velación, cremación, traslado e inhumación.
La legisladora señaló que, aunque existe una Norma Oficial Mexicana en la materia, esta resulta insuficiente para prevenir abusos en los costos y condiciones impuestas por funerarias privadas. En ese contexto, propuso reformas al artículo 115 constitucional para ampliar las atribuciones de los municipios en la prestación y supervisión de estos servicios.
De acuerdo con la iniciativa, los ayuntamientos asumirían de forma ordenada las funciones relacionadas con panteones y servicios funerarios una vez que la reforma entre en vigor. Asimismo, las agencias funerarias y particulares que operen en este sector deberán tramitar un título de concesión otorgado por las autoridades municipales para poder ofrecer sus servicios.
Rivera explicó que actualmente muchas funerarias operan sin reglas claras ni mecanismos efectivos de vigilancia, lo que afecta la economía de las familias, la seguridad jurídica, la salubridad pública y el medio ambiente.
Datos expuestos en la propuesta indican que en el país existen alrededor de 11 mil 500 funerarias con licencia municipal; sin embargo, no hay criterios específicos para supervisar su funcionamiento ni sancionar irregularidades. En el caso de los panteones, algunos son públicos y otros privados o concesionados, pero no se cuenta con información precisa sobre su estatus legal.
Según cifras del INEGI, en 2020 se registraron 3 mil 953 panteones en municipios y zonas metropolitanas, de los cuales solo el 40 por ciento ofrecía servicios directa o indirectamente a través de instituciones públicas, mientras que el resto operaba bajo esquemas privados con poca claridad en sus concesiones.