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México defiende traslado de carga al AIFA tras posible sanción de Estados Unidos

* Claudia Sheinbaum responde y defiende la decisión basada en estudios técnicos y soberanía nacional

Sheinbaum contra Trump

Ciudad de México, 21 de julio de 2025 (Infórmate y +).- Una piedra más a la bolsa,  el presidente de Estados Unidos se quejó por cuestiones aéreas diciendo que podría aplicar sanciones, ante esto México respondió defensivamente de boca de la presidenta Claudia Sheinbaum

Las recientes declaraciones de Donald Trump, dicen que México obligó a aerolíneas estadounidenses de carga a abandonar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y moverse al AIFA. Esto podría tener consecuencias para los mexicanos, advierte Trump.

De acuerdo con Sheinbaum, aún no existe una notificación oficial por parte del gobierno estadounidense. “Parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere”, indicó.

¿Por qué se trasladó la carga al AIFA?

Sheinbaum explicó que la saturación del AICM fue diagnosticada desde 2014, incluso antes del gobierno de López Obrador. Esta saturación fue uno de los argumentos principales para considerar la construcción de un nuevo aeropuerto, primero en Texcoco y posteriormente en Santa Lucía, donde se desarrolló el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tras realizarse estudios técnicos, se determinó que los vuelos dedicados exclusivamente a carga serían trasladados al AIFA. Esta decisión buscaba aliviar la carga operativa del AICM y fue comunicada a las empresas con anticipación, aunque algunas señalaron que el tiempo fue insuficiente.

“México es soberano”, afirmó Sheinbaum, al defender que la reubicación se hizo con base en análisis técnicos y en mesas de trabajo entre el gobierno y las empresas. A pesar de algunas críticas iniciales, dijo, la mayoría de las empresas se han adaptado a operar desde el AIFA.

Así mismo la mandataria puntualizó que mantener el AICM operativo junto con el AIFA, en lugar de sustituirlo por el aeropuerto en Texcoco, representó un ahorro de 300 mil millones de pesos, además de conservar empleos y evitar daños ecológicos y sociales.