Benito Jiménez
Agencia Reforma
Morelos, 14 de septiembre.- Esto luego de que quienes promovieron esa captura contra el Fiscal ahora están bajo investigación y su eventual suspensión.
“En ese orden de ideas hacemos un llamado a las autoridades judiciales y administrativas de que en virtud de la importancia de mantener la integridad y la legalidad de las funciones de las instituciones no se permitan sorprender por quienes ya no continúan desempeñando funciones que puedan comprometer la ética y la responsabilidad del servicio público a su cargo”, indicó esa instancia.
En un comunicado, esa Fiscalía Especializada informó, primero, que tras la renuncia de su titular, Juan Salazar, quedó al frente Isaías Rodrigo Moreno.
En segundo lugar, que están bajo investigación quienes promovieron argumentos judiciales contra el Fiscal General.
Este jueves se reportó el cambio en la titularidad de esta Fiscalía Especializada.
Isaías Rodrigo Moreno asumió el cargo de fiscal especializado en el Combate a la Corrupción.
Juan Salazar Núñez presentó su renuncia al cargo para buscar una magistratura vacante en el Poder Judicial de Morelos.
“En el contexto de nuestra continua labor para prevenir, detectar e investigar cualquier hecho de corrupción, se ha iniciado el proceso para la suspensión y cese de diversas personas servidoras públicas adscritas a esta Fiscalía Especializada que se encuentra bajo investigación por presuntas irregulares en el ejercicio de sus funciones, la decisión de su cese se basara en un riguroso proceso de investigación y evaluación donde se dan respetados en todo momento los derechos de los involucrados”, advirtió el organismo.
La madrugada de este jueves el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue notificado por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos de un nuevo cargo en su contra.
Incluso se informó de su traslado de Almoloya al Penal de Atlacholoaya para ponerse a disposición de la jueza que lo requirió, asunto que no se concretó.
Se indicó que de cualquier forma se llevará a cabo una audiencia por el delito de tortura, vía remota, en la que la Fiscalía Anticorrupción se va a desistir de la denuncia.
