La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) resolvió multar a un total de 18 empresas y a 31 personas físicas por “participar en diversas prácticas monopólicas absolutas” manipulando precios y segmentando rutas en el servicio de autotransporte terrestre de pasajeros.
Una de esta empresas es Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., el transporte que da servicio desde Cuernavaca hacia la Ciudad de México y el Aeropuerto.
Es bien conocido por los usuarios, que es el único transporte oficial hacia la CDMX, incluso, las personas han optado por otras formas de transportarse debido a los altos costos y aumento de tarifas regulares.
Por medio de un comunicado, la Comisión determinó una multa de poco más de mil 218 millones de pesos por incidir en diversas rutas de servicio de las regiones Centro, Centro-Sur, Sur-Sureste del país y el estado de Tamaulipas.
De acuerdo con la Cofece, el daño estimado a los usuarios por el pago de sobreprecios fue de más de tres mil 384 millones de pesos.
#ComunicadoCofece 📰 La #Cofece sanciona a empresas y directivos por manipular precios y segmentar rutas en el mercado de autotransporte terrestre de pasajeros.
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— COFECE (@cofecemx) October 26, 2022
Según la investigación de la Comisión, las conductas sancionadas “manipularon y fijaron precios en el cobro del servicio; igualmente dividieron y repartieron rutas, ya sea mediante arreglos entre los transportistas para evitar competir entre sí, o mediante la repartición de mercados, en algunos casos incluso compensando ingresos y gastos según los porcentajes previamente pactados”.
De acuerdo con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2019, tres mil 074 millones 180 mil personas utilizaron el autotransporte terrestre de pasajeros, lo que representó el 77.15 por ciento de usuarios que se trasladaron por vía terrestre, por lo que los sobreprecios causaron un daño aproximado en los consumidores de más de tres mil millones de pesos.
“La gravedad de las infracciones fue alta en vista del daño causado, la afectación a los usuarios, así como el deterioro de las condiciones de oferta de un servicio de interés público y de especial relevancia para la economía y la sociedad en general”, expone el boletín.