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¡ADIÓS a PASA! Ya no volverá a dar servicio en Cuernavaca

Después de años, se llegó a un acuerdo definitivo en el que se le pagará a la empresa y se cancela la concesión que otorgó otra administración

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, informó que la empresa recolectora de basura Promotora Ambiental S.A de C.V (PASA) ya no brindará el servicio en el municipio.

Refirió que hubo una solución definitiva ante le pago de 38 millones de pesos de servicios e intereses que se adeudaban, además se firmó un convenio ante la autoridad judicial para que el ayuntamiento lo pague en 24 meses y ya realizaron el primer pago.

Los anterior, luego del fallo de un juez Luego de seis años de litigio, la empresa Promotora Ambiental S.A de C.V (PASA) logró que un juez federal girara una orden de resolución que obligó al ayuntamiento de Cuernavaca a devolverle la concesión de recolección de basura a esta empresa en el municipio además de cumplir con el pago a la compañía.

Con este acuerdo, se da por concluida la concesión que hace años otorgó el ayuntamiento a esta empresa.

Urióstegui Salgado refirió que la empresa KS se encargará de la recolección de la basura en la ciudad hasta el momento, hasta que el cabildo tome otra decisión.

¿Qué es PASA y porqué terminó un conflicto legal en Cuernavaca?

Promotora Ambiental S.A de C.V (PASA) fue la empresa encargada de recolectar la basura y contratada a través de una concesión en el año 2007 en la administración del alcalde Jesús Giles Sánchez, por un tiempo de 20 años.

Tres años después, Manuel Martínez Garrigós, quien era alcalde de Cuernavaca en ese tiempo, decidió suspender el servicio rompiendo con el contrato ya establecido, por lo que fue presentada una demanda en noviembre del 2010 contra el ayuntamiento.

En 2016, luego de seis años de litigio, la empresa logró que un juez federal girara una orden de resolución que obligaba al ayuntamiento de Cuernavaca a devolverle la concesión de recolección de basura a esta empresa en el municipio además de que debía pagar 300 millones de pesos por daños y perjuicios.

El litigio fue postergado por ambas partes involucradas y afectando las finanzas durante varias administraciones.

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