Escaparate por Mario Barrera Arriaga
Son enormes los contrastes entre las reacciones sociales frente a la corrupción entre México y Brasil. ¿Qué factores motivan una sociedad protestante, que actúa frente al engaño y los fraudes de los servidores públicos y otra que no?
Vamos por partes. En el caso Brasil, los asuntos de corrupción de gente muy cercana a la Presidenta Dilma Rousseff lo mismo abarcan Petrobras, que la licitación de obras públicas. Y las consecuencias: su director no sólo sufrió la graciosa destitución, sino que fue encarcelado y condenado por las autoridades judiciales.
En el caso México, de siempre Petróleos Mexicanos ha sido la caja de pandora que ha llegado a sus peores expresiones tanto con el caso Pemexgate, como con los lujos y excentricidades del líder de su sindicato, Carlos Romero Deschamps. Si bien en el caso primero hubo una sanción económica por parte de las autoridades electorales de la época, la impunidad sigue campeando.
Por otra parte, Brasil lamentablemente ha visto frenarse su desarrollo económico. En el caso México, si bien no registramos caídas tan significativas, el hecho que mucho hace seguimos estancados y no se ven perspectivas de mejoría, mientras crece el deterioro general de las condiciones de vida de los mexicanos.
La Presidenta brasileña ha sido una luchadora social de izquierda que paradójicamente no merecería que su gobierno se vea tan acremente resquebrajado, pero así ha estado ocurriendo por los escándalos en los que si bien ella no está en el ojo del huracán por señalamientos directos, sus más cercanos colaboradores y familiares sí.
En el caso del Presidente Peña Nieto, la suspicacias no sólo por el regreso del Partido Revolucionario Institucional, sino por la conducción y liderazgo del mexiquense no cesan, poniéndolo, a él sí, en el ojo del huracán, por el avión presidencial y los viajes suntuosos de todo el gabinete, por “La casa blanca”, por las propiedades adquiridas tanto por su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sin que al respecto hasta este momento se hayan realizado investigaciones serias, como en el caso de la licitación y concesión del tren rápido a Querétaro.
En Brasil, la indignación social ha motivado que la gente tome las calles en protestas airadas que demuestran que no están dispuestas a tolerar los actos de corrupción, mucho menos la impunidad, mientras que en nuestro país, las denuncias de posible corrupción entre nuestras más altas autoridades sólo han motivado que la periodista que denunció el caso de “La casa blanca”, Carmen Aristegui, saliera del aire y enfrente un juicio laboral con MVS.
Insisto: ¿por qué en México la gente no demuestra la misma indignación que en Brasil y adopta actitudes más proactivas para exigir justicia y el fin de la impunidad?
Sin ánimo de ser reduccionista, me parece que la más importante de las razones por las que los mexicanos no sólo no denuncian, sino que incluso sólo en casos extremos –como la inseguridad- se manifiestan en las calles en actos que, lamentablemente, por su naturaleza y carencia de exigencias específicas sobre la acción gubernamentales no prosperan, se debe a que en nuestro país habitualmente el que denuncia se vuelve el perseguido y sufre de atentados.
Y esto se debe a que el andamiaje legal e institucional en materia penal y judicial, particularmente en lo que se refiere a las acciones contra los servidores públicos, jamás llega a las últimas consecuencias por la invariable subordinación de las instancias procuradoras de justicia, lo mismo que los jueces.
En el caso Brasil, la gente protesta airadamente porque sabe que hay oposiciones políticas efectivas, que en su país las instancias judiciales son más independientes y activas, y porque los casos de agresiones lo mismo a luchadores sociales como a los representantes de los medios de comunicación no son tan constantes como ocurre en México.
Muchas veces he escuchado decir que a los mexicanos nos falta cobrar conciencia para asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, particularmente a la hora de denunciar, así como para dar seguimiento a los casos a fin de evitar la impunidad. Lamento diferir radicalmente de esta interpretación. Pienso que no es tanto un problema de conciencia, sino de impotencia frente al poder avasallador de una clase política que no duda en asesinar impunemente incluso a los periodistas, sin que exista mayor consecuencia que la condena pública nacional e internacional.
En cualquier otro país que se precie de ser democrático, por menos de los escándalos ocurridos en México y las agresiones a luchadores sociales, como a los representantes de los medios de comunicación se traduciría, de entrada, en su renuncia, así se tratara de un Presidente.
Al malestar social creciente en México paulatinamente no le queda más camino que el ejemplo brasileño: protestar airadamente en las calles… aunque en ello le vaya la vida.
