ESCAPARATE
Por Mario Barrera Arriaga
México, mucho hace, se ha convertido en uno de los países que, sin estar en guerra, más peligrosos es para la actividad periodística, por el número de estrategias y asesinatos que prueban la actividad criminal contra la libertad de expresión.
Y es que ahora no sólo los periodistas, fotógrafos, camarógrafos y directivos de empresas del ramo nos enfrentamos a la violencia cometida por el régimen, sino también la encabezada por el crimen organizado, sin que hasta la fecha podamos distinguir bien a bien cuál es cada una y hasta dónde llegan sus ámbitos de influencia.
A lo largo de nuestra historia, la represión gubernamental contra los medios de comunicación, periodistas e intelectuales ha sido la constante, incluso en lo que va de este nuevo siglo. La explicación, sin ser reduccionista, en realidad resulta simple: la pretensión de esconder la corrupción y mantener el poder son la constante.
Así, lo mismo las agresiones a periodistas y los medios van desde restringirles en su tiempo el acceso al papel para sus publicaciones, hasta los intentos de cooptación, eventualmente las amenazas, pasando por el intento de estrangular a los medios cortándoles el suministro de publicidad oficial, la desaparición forzada hasta el asesinato.
Y no sólo eso, las seudoinvestigaciones oficiales terminan siempre poniendo en tela de juicio la honorabilidad de la víctima: triángulos pasionales, homosexualidad y vínculos con el narcotráfico constituyen el catálogo de “solución” de crímenes del gobierno cuando éste mismo ha asesinado a un integrante de la prensa.
Desde hace algunas décadas, ahora también el crimen organizado marca la línea editorial de los medios de comunicación, a fuerza de bombazos en las redacciones o el ataque inmisericorde a los periodistas y sus familias. Y es tan frágil la línea de la complicidad de las autoridades, que parece inminente, sobre todo cuando no se esclarecen los ilícitos, o cuando llevan, como ya describí, a la denigración de la víctima como conclusión.
Un mapeo de las zonas de alta incidencia de violencia y muerte contra los periodistas en nuestro país pasa por esos dos fenómenos: el de las zonas de influencia del narcotráfico, y el de los gobernadores autoritarios, o aquellos incluso que están coludidos con el crimen organizado, acaso en el menor de los casos sobre los que se sospecha enriquecimiento ilícito. Si bien en términos reales este es un fenómeno que se presenta en todo el país, existen puntos estratégicos y de mayor confluencia de estas conductas.
Frente a ello resultan inevitables las interrogantes en torno a qué hacen los periodistas y las propias autoridades para resolver el problema.
De entrada, tenemos que reconocer que resulta un contrasentido pretender que el principal causante de la muerte de periodistas realmente esté interesado en la resolución de cada caso y llegar “hasta las últimas consecuencias”, “caiga quien caiga” y “con todo el peso del estado”. Por no decir ingenuo.
Pero para continuar, también hay que aceptar que los periodistas en el país están sumamente desunidos, primero porque es muy distinto el tipo de periodismo en la capital de la república, en contraste con el que se practica en los estados de la República, la diversidad de problemáticas, intereses, la presencia de los apologistas del régimen, y porque en términos reales, la mayoría de los que viven de la noble actividad periodística lo hacen sí, por la vocación y el reconocimiento de la importancia de la libertad de expresión, pero también porque constituye su fuente de ingresos. Difícil labor la de conciliar entre todos y generar una fuerza real, un peso verdadero.
Otro aspecto que hay que reconocer pasa por el hecho de que la legislación para proteger la libertad de expresión y el acceso a la información, así como garantizar la integridad física de los periodistas y proteger sus derechos laborales es escasa, deficientemente planteada y peormente atendida.
Si analizamos a las instancias gubernamentales que deben garantizar el cumplimiento y respeto de estos derechos, veremos que la Procuraduría General de la República abdica de su responsabilidad de atraer casos de asesinato de periodistas, que la Fiscalía Especial para la atención de estos ilícitos no resuelve nada y sólo actúa a petición de parte, que en todo caso cuando las críticas por su desempeño llegan al cuello, se cambia a su titular para la distensión del conflicto. En cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también pasa por el mismo proceso de renovación de titular cuando el descrédito es la constante, en términos reales no tiene facultad alguna de sancionar a nadie.
Es parte del pozo profundo en que estamos metidos los periodistas, como aquel en que muchos son arrojados para acallar las verdades que necesitamos saber todos. Y no pinta para mejorar.
Con preocupación veo que el siguiente intento censor gubernamental se dará contra las redes sociales, con las que hoy su control es limitado.
¿Hay soluciones?
Se aceptan sugerencias.
