Escaparate
por: Mario Barrera Arriaga
Plagado de yerros en su conducción y liderazgo, con una mala reforma electoral 2014 como base, con divisiones internas que señalan la hegemonía priista al interior del Consejo General, estamos a buen tiempo de preguntar si ese es el Instituto Nacional Electoral que queremos para el 2018.
Más de una vez he dicho que tanto en las entidades federativas como en el órgano electoral federal hay que estar muy atentos a quién se adjudica su control. La parcialidad priista que denuncia al interior del INE el consejero Roberto Ruiz Saldaña explica la benevolencia con el Verde Ecologista, la prisa por deshacerse del Partido del Trabajo, el resultado a favor del Revolucionario Institucional en Colima y la llamada presidencial antes de que terminaran de contarse los votos, así como el retraso en el conteo por Cuernavaca en el IMPEPAC para satisfacer las frustradas ambiciones del tricolor.
La mayor de todas las lecciones de estos comicios no es precisamente la de los candidatos seudoindependientes –sin restarle su valor-, sino el hecho de que la integración del órgano supremo electoral, el INE, no puede recaer en el sistema de cuotas con las que los partidos políticos se reparten posiciones al interior del Consejo General.
De ningún modo es conveniente, porque el INE repite, con base en esas cuotas, el mismo esquema en la integración de los Organismos Públicos Electorales en las entidades federativas. Acaso los gobernadores ya no puedan meter tanto las manos, pero sí el INE, que hoy por hoy está subordinado al PRI.
¿En tales condiciones llegaremos a la elección presidencial, a la renovación total del Congreso de la Unión, más las elecciones concurrentes de gobernadores y alcaldes en numerosos estados de la República?
¿Cómo corregirlo?
Una muestra podrían habérnosla dado los partidos de oposición cuando dejaron a Lorenzo Córdoba y sus patrones hablando solos en el Consejo General porque no quiso discutirse la suerte del Verde Ecologista. Pero no es la solución de fondo, porque en todo caso estarían peleando por sus cuotas de poder.
La inminente reforma electoral en puerta tendría que contemplar por fuerza quitar a los partidos políticos la capacidad de nombrar a conveniencia a los integrantes del Consejo General del INE. Lamentablemente eso no ocurrirá. El partido en el poder no renunciará a tener su control.
Mucho hace, algunos pensaban que el prestigio y alto profesionalismo preponderantes en el desaparecido Instituto Federal Electoral nos había puesto a salvo de la injerencia de los partidos en la autoridad electoral. Pero quien pretenda ignorar que Luis Carlos Ugalde fue producto del PRI a sugerencia de Elba Esther Gordillo, desconoce la magnitud del problema de fondo.
¿Cómo arrebatamos a los partidos políticos el control del órgano electoral?
Por desgracia, no veo a las universidades, empezando por la máxima casa de estudios del país, ni a las del resto de la República, presentar estudios en la materia. Acaso porque como la autoridad electoral las contrata para los conteos, resultan juez y parte.
Tampoco veo a los observatorios ciudadanos ni a los organismos especializados en la lucha por la transparencia pronunciarse al respecto, acaso porque muchos funcionan con recursos públicos y dependen del favor gubernamental.
En el terreno de los profesionales del derecho, hay pocos especialistas en el tema electoral, y perteneciendo a las facultades, barras y colegios de abogados que tanto presionan a las autoridades, por lo menos en las entidades federativas, para que de entre ellos surja el Fiscal o Procurador, resulta que forman parte del mismo juego.
El problema estriba en que la sociedad, por una parte, no tiene la información necesaria al respecto, que si busca la credencial de elector es sólo como identificación para diversos trámites y no precisamente para votar o participar de la política.
El INE de 2018 seguirá bajo el control de los partidos políticos, especialmente del que hoy gobierna. Desde ahora podemos advertir que no será una contienda pareja y que muy probablemente, de nueva cuenta sea una decisión judicial y no de la voluntad popular de donde surja el próximo Presidente.
¿Y en manos de quién está también el Poder Judicial?
