Por Mario Barrera Arriaga
No es sólo por las múltiples deficiencias que han caracterizado tanto la reforma de 2014 como la errática conducción y liderazgo de quienes integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos del ramo en cada entidad federativa. En realidad, desde finales de los 90 he sostenido la tesis de que es indispensable crear el Poder Electoral, adscrito al Judicial, con objeto de alcanzar, ahora sí, una verdadera reforma electoral definitiva.
Las razones que desde hace más de quince años me han llevado a plantear esta propuesta en distintas tesis y trabajos tiene justificaciones económicas, políticas y también operativas. Y es que, si la tendencia inexorable es la judicialización de los procesos comiciales, hay que resolverlos desde ahí sin más intermediarios.
El ejemplo claro es lo que ocurrirá derivado de los procesos electorales de 2015: la mayoría terminarán siendo resueltos por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
Una breve descripción de los procedimientos nos lleva al engorroso, pero sobre todo inútil, proceso que a continuación describo: tomemos el municipio más pequeño del país. Se celebra un proceso electoral para renovar alcalde. Uno de los partidos se inconforma con el resultado. Lo denuncia al Instituto Electoral local, y si persiste la inconformidad, protesta ante el Tribunal Electoral local, y si de nuevo no le gusta la respuesta, recurre justamente a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, cuyos fallos, entonces sí, son definitivos e inatacables. ¿Había necesidad de tanto personal, recursos, instalaciones y tiempo perdido, si ninguno sirve para nada?
Centralizando al Poder Electoral adscrito al Judicial, el proceso sería distinto:
1.- Ahora sí, se centraría la responsabilidad electoral en una sola autoridad, designando representaciones en los estados que sirven sólo a ese poder central.
2.- El INE quedaría a cargo de las labores administrativas de la organización y celebración de comicios: padrones, credencialización, capacitación de los ciudadanos a participar en las casillas, celebración de la jornada, resultados y pare usted de contar.
3.- Ese Poder Electoral crearía un órgano especializado aparte para la fiscalización de partidos y campañas. Igualmente crearía otro para el monitoreo de spots en radio y tv para vigilar el cumplimiento de la equidad. Las quejas en el proceso mismo las resolvería al momento la Sala Superior del Tribunal Federal.
4.- Culminado el proceso electoral, las inconformidades de los partidos serían presentadas directamente a la Sala Superior del TRIFE, para que éste las analice y falle en forma definitiva e inatacable.
Y las implicaciones:
-Económicas: dejaríamos de gastar millonadas en los Organismos Públicos Electorales, en los tribunales del ramo estatales. El INE, concentrado simplemente en lo que de origen debía corresponderle –el proceso electoral culminando con la celebración de comicios y los resultados- perdería enormes cargas de trabajo y personal que de todos modos no cumple su encomienda a cabalidad.
-Políticas: El INE dejaría de seleccionar y nombrar a capricho a los integrantes de los Organismos Públicos en las entidades y éstos, a su vez, dejarían de ser seducidos por los cantos de sirena de los gobernadores. Tampoco el INE entraría en absurda competencia que nunca va a ganar con el TRIFE –recuérdense los casos Marcelo Ebrard y Verde Ecologista, por ejemplo-.
-Procedimentales: Sin tanta burocracia, la Sala Superior del TRIFE resolvería de una sola vez y por todas, sin tanta demora, evitando pugnas porque hoy primero el órgano electoral local dice que ganó uno, el tribunal local otro y finalmente la Sala Superior pone a todos en su lugar.
Los millonarios recursos que hoy se destinan al INE y los institutos electorales, así como los tribunales en los estados, servirían para fortalecer ese Poder Electoral.
Y el detalle toral: la selección de los directivos del Poder Electoral sería arrebatado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –en otras palabras, se le arrancaría a los partidos- para que especialistas en la materia de las universidades de todo el país se encargaran del análisis del perfil, trayectoria y rectitud de sus integrantes.
Para la renovación de los directivos de ese nuevo Poder Electoral, con el auxilio nuevamente de especialistas de universidades de todo el país, fortaleciendo y anteponiendo el servicio profesional de carrera, se diera paso a un nuevo ciclo.
Sólo encuentro un pequeñísimo detalle a esta tesis, a pesar de su viabilidad: que primero hay que legislar, y esa tarea corresponde al Congreso de la Unión, es decir, a los partidos políticos, que jamás estarán dispuestos a perder el control de la autoridad electoral, tal como hoy ocurre.
Pero si la sociedad organizada presiona, por supuesto que puede lograrse.
¿O qué? ¿Entonces es imposible alcanzar una reforma electoral definitiva?
